Banco de Valencia Foto 1909
A través de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), su presidente, Santos González, señalaba que no se puede
cambiar la ley hipotecaria por un porcentaje mínimo de personas que no pagan el
préstamo, insistiendo en el hecho de que, de salir adelante, todavía habría
menos crédito del que ahora se da al no existir plenas garantías de su
recuperación.
Sí dejó abierto un
resquicio para aplicar ciertos retoques. Entre ellos, los que se aplican en
otros países a través de leyes de la segunda oportunidad o la fresh start
americana, que permiten la condonación de deuda cuando un ciudadano se ve
abocado a la insolvencia de manera fortuita.
No se trataría de
alterar la legislación y poner el sistema financiero en riesgo, sino de atender
situaciones especiales, con aplazamientos, quitas, ampliación de plazos,
tramitadas por vía extrajudicial, con un plan de pagos que obliga a firmantes y
terceros acreedores. Solo cuando no hubiera acuerdo, sería el juez el que
dictaminaría.
En Francia, desde
finales del siglo XIX, cuando el deudor lo es por problemas sobrevenidos se
dirige a una comisión formada por miembros de la Administración , la
banca y asociaciones de consumidores que media entre entidad y deudor,
proponiendo un plan de pagos. Si no hay acuerdo, la comisión puede proponer
aplazar el pago, reducir tipos o cancelar deudas, incluidas las fiscales, y
también valorar el grado de imprudencia o negligencia de la banca al conceder
el crédito, llegando a penalizar a la entidad si se determina que dicha
concesión se realizó con alto riesgo de posterior impago.
En Alemania la Ordenanza de
Insolvencia, en línea con el derecho de Estados Unidos en esta materia, se
antepone la solución negociada frente a la liquidación. Una segunda oportunidad
para iniciar nuevas actividades sin lastres económicos, sobre todo cuando
obedece a causas ajenas al endeudado. Se dan hasta seis años de buena conducta
y, si el deudor no consigue pagar pero se esfuerza en obtener recursos, el juez
le condona la deuda, aunque no podrá recurrir a esta posibilidad durante un
plazo posterior de diez años.
Las
dificultades que atraviesan las familias que están siendo desahuciadas, alegó,
son un “problema
social” que debe resolver el Gobierno, no la banca. En todo caso, el sector financiero
considera que ha hecho su parte al conceder una moratoria hipotecaria de dos
años para los colectivos más vulnerables, aunque desconocen el número de
beneficiados, y con la creación de un parque social de vivienda con 6.000
inmuebles. Las entidades habrían aprobado además entre 40.000 y 50.000 daciones
en pago voluntariamente.
Aunque
sin entusiasmo, la AHE
sí que considera aceptables algunas de las modificaciones que el Gobierno ha
dibujado para la ley hipotecaria a través de las enmiendas parciales del PP,2 como
las mejoras en la transparencia de los contratos o el esfuerzo por desligar a
las tasadoras de la banca. En el caso de la limitación de los intereses de
demora, que el Ejecutivo prevé limitar a tres veces el precio del dinero (hoy
en el 4%) frente a cifras que superan actualmente el 20% en algunos casos,
González se mostró de acuerdo en lo oportuno de “actualizar” estos márgenes,
pero propuso algún tipo de sistema variable. La AHE no comulga, sin embargo, con el planteamiento
del PP de limitar a 30 años el plazo máximo de una hipoteca, y confía en que este
punto no quede plasmado en la nueva legislación porque coartaría “la libertad”
de las partes contratantes. Finalmente, la AHE criticó que se hable con ligereza de
“cláusulas abusivas” cuando hay condiciones, como el “suelo y techo” del
precio, que son perfectamente válidos porque “no son compensatorias”.
SANTOS INSTA A CREAR UN PLAN DE VIVIENDA DE ALQUILER
“El planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo”, sostuvo ayer el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González. En su opinión, los esfuerzos de los responsables políticos deberían centrarse en alcanzar un pacto de Estado sobre el futuro desarrollo inmobiliario. “En
España no existe una política social de vivienda, pues siempre ha sido la política de uno contra
la política de otro”, expuso, en alusión a las medidas tomadas por los Ejecutivos del PSOE y del PP. “Solo han hecho vivienda protegida y compitiendo con la vivienda libre”, criticó.
Desde la AHE consideran que, mientras tanto, el “gran problema” del país es la “distorsión”
del mercado inmobiliario, en el que el alquiler no se ha consolidad como una opción verdaderamente atractiva. “No es que a los españoles les guste más comprar viviendas, es que
no hay otra alternativa”, aseveró González, instando a las fuerzas políticas a abordar este problema. Para González, lo interesante es que se constituya un parque de vivienda en alquiler, que debe plantearse ya para que este operativo en unos años, y que podría ser impulsado por el Estado mientras los inversores privados no estén interesados en desarrollarlo. “Se solucionará cuando Sareb coloque sus pisos”, vaticinó. Hasta entonces, y teniendo en cuenta que “las entidades no quieren ser caseros”, como consideró comprensible, el Gobierno debería adelantarse y comenzar a trabajar en potenciar el arrendamiento de inmuebles y en crear un stock de vivienda social. “Una política de alquiler así no se improvisa”, concluyó González.
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