Controladores Aéreos

El pulso entre el ministro de Fomento, José Blanco, y los controladores se mantiene desde hace un año por las condiciones laborales de estos (convenio caducado desde hace 6 años) a quienes el Gobierno quiere hacer responsables de la mala situación económica de AENA por sus «privilegios».

La conducta de los controladores aéreos desde el 3D, criticada desde todos los sectores, ha servido al Gobierno como coartada para volcar en ellos toda la ira ciudadana (también política) y camuflar la gestión de AENA desde que comenzó la crisis económica, con un déficit de explotación de 228 millones de euros en 2008 y de 492 millones en 2009, cuando en 2004 el beneficio era de 28 millones de euros, y en 2005, de 44 millones, según la Memoria económica de AENA. Qué decir de los aeropuertos pequeños que no tienen tráfico y menoscaban estas nefastas cifras.

César Cabo, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha señalado que “la empresa Aena fue quien decidió cerrar el espacio aéreo y el clima de agitación impidió a muchos controladores hacer su trabajo. Había controladores para que se siguiera volando, no en las mismas condiciones, pero se podría seguir volando. Aena tomó esta decisión y tendrá que explicarlo” "Los controladores hemos acudido a la Fiscalía a declarar porque asumimos la responsibilidad que compartimos. Aena y el ministerio tienen que asumir la suya”. Así lo ha declarado César Cabo, ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde una docena de compañeros ha comenzado a declarar ante la Fiscalía de Madrid, tras el abandono de sus puestos de trabajo que causó un enorme caos y provocó que el Gobierno decretara el Estado de Alarma tras el cierre del espacio aéreo.

CGT/Aena declara que, una vez más, el sr. Blanco está intentando solapar el expolio que supone el regalo a manos amigas privadas de los aeropuertos españoles echando la culpa a un colectivo con el que no ha querido negociar, al que se le han impuesto por decreto unas jornadas que, a la postre, se han demostrado insuficientes para cubrir las necesidades de cobertura real de los puestos de trabajo, pues no podemos obviar que, el control aéreo se hubiera paralizado igualmente al cumplir los controladores en diciembre la jornada establecida en el Decreto de Blanco. Así lo puedes leer en la nota de prensa CGT/Aena

AENA y el Ministerio de Fomento de España pretenden implantar la monoposición, suprimiendo al controlador ayudante-planificador. Siguiendo así la política de abaratamiento de costes que desencadenó el accidente del lago Constanza (video)

Me resulta inadmisible que el gobierno Zapatero tenga que recurrir al ejército en 2010 para abordar los problemas sociales que ellos mismos están provocando. El gobierno está atravesando todas las líneas rojas en cualquier democracia, actuando con mano de hierro para imponer sus criterios, olvidando y negando todo tipo de derechos a los y las trabajadoras.

Ten claro pueden militarizarnos a su antojo, sacar un Decreto y DICTAR el Estado de Alarma, Zapatero ha sentado precedente. ¡Vaya, vaya, con este Gobierno! El presidente de la FAME, Jesús Navarro Jiménez, militar (R) y abogado, ha señalado que la Ley 50/1969, Básica de Movilización Nacional, que regula la militarización del personal civil, por necesidades de la defensa nacional o cuando situaciones excepcionales así lo exijan” y que regula sus “deberes y derechos” (art. 11), así como el “fuero aplicable” (art. 18), y que no es otro que el Código de Justicia Militar (actuales leyes penal, disciplinaria y procesal militar), está derogada y no ha sido sustituida por una nueva.

En efecto, la citada Ley de Movilización (y militarización) debía de haber sido sustituida por una nueva, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 1980 (art. 14), pero ese mandato nunca llegó a cumplirse y, por tanto seguía vigente la ley de 1969 (como vigente sigue la Ley de Navegación Aérea de 1960, invocada por el Gobierno al Decretar el “estado de alarma”). Pero la nueva L. O. de Defensa de 2005 derogó la de 1980 (reformada en 1984), y no previó la sustitución de la Ley de Movilización que, por cierto, durante el primer mandato del Gobierno popular había sido “deslegalizada” (rebajada a rango reglamentario) por la Ley 17/1999, de Régimen del Personal Militar de las FAS.Pero es que sin proyectar, tramitar y aprobar una nueva Ley de Movilización/Militarización de los “recursos humanos y materiales y de todas las actividades cualquiera que sea su naturaleza” para “satisfacer las necesidades de la defensa nacional o las planteadas por circunstancias excepcionales” (según se estableció en 1980), el Gobierno socialista propuso al Parlamento, y fue aprobado a través de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, la derogación total de la Ley de Movilización de 1969, creando un vacío legal sobre la materia de movilización y militarización de aquellos recursos, que ahora se ha puesto de manifiesto, pues no hay “ley habilitante” que permita la militarización de los controladores, así como la definición de sus deberes y derechos y el fuero que les resulta aplicable.El Gobierno ha invocado el art. 8º.5 del Código Penal Militar que define quienes son “militares” a efectos de aplicación de ese Código, y que son, además de los militares profesionales (sean o no de carrera), los alumnos de las academias militares y los militares de complemento, “los que con cualquier asimilación militar presten servicios al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno”.Así es que se han cometido graves errores en el RD de declaración del “estado de alarma” y militarización de los controladores, que podrían dar lugar a la declaración de nulidad radical por los Tribunales de Justicia, ya que para que dicho personal pudiera ser movilizado o militarizado hacía falta una Ley habilitante, que está totalmente derogada, y, además, para poder aplicar el Código Penal Militar hay que conceder a los militarizados la “asimilación” a un empleo militar (ya sea el de Soldado, Cabo, Sargento, Teniente, etc., según tengan o no la misma categoría o responsabilidades dentro de su organización), de manera que de acuerdo con ese grado de asimilación sepan cuales son los superiores jerárquicos a los que tienen que obedecer, porque así lo exige al art. 8º.5 del CPM. de 1985 y la organización jerarquizada de las FAS.